Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

La creciente demanda social y legislativa por una economía más responsable ha dado lugar a un cambio de paradigma en el funcionamiento de las empresas, especialmente en lo que se refiere al impacto que generan sobre el medio ambiente y los derechos humanos. En este contexto, la Unión Europea ha desarrollado una normativa específica: la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), que marca un antes y un después en la forma en que las empresas deben gestionar sus cadenas de valor.

¿Qué es la directiva sobre diligencia de las empresas?

La directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad es una propuesta legislativa adoptada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es garantizar que las empresas prevengan, mitiguen y respondan de manera adecuada a los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente derivados de sus actividades comerciales, tanto directas como indirectas.

Esta normativa obliga a las empresas a identificar, prevenir y remediar posibles abusos en su cadena de suministro, adoptando un enfoque proactivo y sostenible en sus operaciones. Esto incluye desde el trabajo forzoso y la explotación infantil hasta la degradación ambiental o el uso indebido de recursos naturales. La finalidad es fomentar un modelo empresarial más justo, ético y alineado con los compromisos climáticos y sociales del bloque comunitario.

Empresas que aplican la CSDDD

La directiva está dirigida principalmente a grandes empresas que operan dentro de la Unión Europea, aunque también se extiende a ciertas empresas no comunitarias que tienen actividad significativa dentro del territorio. Concretamente, se aplicará a:

• Empresas de la UE con más de 500 empleados y una facturación neta mundial superior a 150 millones de euros.
• Empresas de la UE con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, cuando al menos 20 millones provienen de sectores de alto riesgo (como textil, agricultura o minería).
• Empresas de terceros países que generen en la UE una facturación equivalente a las anteriores.

Esta segmentación permite que la normativa se centre en aquellos actores que tienen un mayor impacto y capacidad de influir en sus cadenas de suministro, sin imponer una carga desproporcionada a las pymes, aunque se les anima a adoptar prácticas similares de forma voluntaria.

Obligaciones de las empresas

Las empresas sujetas a la CSDDD deberán implementar un proceso de diligencia debida que contemple al menos las siguientes obligaciones:

• Identificación de riesgos: Analizar sus operaciones y relaciones comerciales para detectar impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
• Prevención y mitigación: Establecer medidas eficaces para prevenir o mitigar los riesgos identificados. Esto puede incluir desde cambios en los contratos hasta auditorías o formación a proveedores.
• Actuación: Cuando los daños ya se han producido, las empresas estarán obligadas a colaborar en su reparación, ya sea directamente o a través de mecanismos establecidos.
• Monitorización y seguimiento: Evaluar de forma continua la eficacia de las medidas adoptadas y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Comunicación y transparencia: Informar de manera pública y periódica sobre las acciones de diligencia debida adoptadas y sus resultados.

Cadena de actividades, suministros y sanciones

Uno de los aspectos más destacados de esta directiva es su alcance a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo tanto a los proveedores directos como a los indirectos. Esto implica que las empresas no solo deben vigilar sus propias prácticas, sino también las de sus socios comerciales, subcontratistas y otras partes vinculadas a su actividad.

Este enfoque integral obliga a las empresas a revisar y transformar profundamente su modelo de gestión de la cadena de suministro, fomentando relaciones más responsables y sostenibles.

En cuanto a las sanciones, los Estados miembros deberán establecer regímenes sancionadores eficaces, proporcionados y disuasorios. Las infracciones podrían suponer multas significativas, daños reputacionales y, en algunos casos, responsabilidad civil si los daños no han sido prevenidos pese a poder haberse evitado mediante medidas adecuadas.

Elementos clave a tener en cuenta de la directiva de diligencia debida

Al aplicar la directiva, hay varios elementos fundamentales que las empresas deben tener presentes:

• Debida proporcionalidad: Las medidas deben estar ajustadas al tamaño, naturaleza y contexto de la empresa. No se espera lo mismo de una multinacional que de una empresa mediana con menor capacidad de influencia.
• Enfoque basado en el riesgo: Se priorizan los riesgos más graves y probables, en lugar de exigir control absoluto sobre todos los posibles impactos.
• Participación de las partes interesadas: Las empresas deben integrar la voz de las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y otras partes relevantes en sus procesos de análisis y toma de decisiones.
• Interacción con otras normas: La CSDDD se articula con otras normativas como el Reglamento de Divulgación de Información sobre Sostenibilidad (CSRD), las normas de taxonomía verde o los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

La directiva no es una iniciativa aislada, sino parte de un marco normativo más amplio que busca adecuar la economía europea con los valores éticos, sociales y medioambientales del siglo XXI.

Herramientas para el fomento de la diligencia debida

La implantación efectiva de esta normativa requiere que las empresas cuenten con herramientas y recursos adecuados. Algunas de las más relevantes incluyen:

• Mapas de riesgo sectoriales y geográficos: Facilitan la identificación de zonas y actividades con mayor probabilidad de incumplimientos.
• Sistemas de auditoría y control interno: Permiten verificar la ejecución de las políticas de diligencia debida y corregir desviaciones.
• Canales de denuncia y mecanismos de reparación: Fomentan la transparencia y la colaboración con los afectados, al tiempo que permiten abordar los impactos de forma rápida y eficaz.
• Formación y sensibilización: Es fundamental que todo el personal —desde la alta dirección hasta los departamentos operativos— entienda la importancia de la diligencia debida y se implique en su aplicación.
• Colaboración multisectorial: Muchas veces, los retos son compartidos por varias empresas del mismo sector. Iniciativas colectivas pueden mejorar el impacto de las acciones individuales y generar estándares comunes más ambiciosos.

La directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad no es solo una norma, sino una oportunidad para redefinir el papel de la empresa en la sociedad. Lejos de ser una carga, puede convertirse en una palanca de innovación, competitividad y confianza, especialmente en un entorno en el que consumidores, inversores y empleados exigen mayor compromiso con el entorno y los derechos humanos.