Actualidad Nalanda
En el contexto actual, donde la sostenibilidad es cada vez más valorada por consumidores, inversores y reguladores, las empresas deben mirar más allá de sus propias acciones. El comportamiento ambiental de los proveedores forma parte integral de la cadena de valor y tiene un impacto directo en la imagen y desempeño de la organización. Ignorar este aspecto puede acarrear consecuencias legales, comerciales y reputacionales graves.
En Nalanda creemos que proteger el entorno y la reputación empresarial no puede desligarse de una gestión consciente y responsable de la cadena de suministro.
El impacto ambiental de los proveedores importa porque ellos son parte activa de la oferta que la empresa lleva al mercado. Si uno de ellos contamina de forma severa, incurre en prácticas poco éticas o incumple normativas ambientales, no solo se enfrenta a consecuencias propias, sino que también arrastra a sus clientes.
Hoy, las organizaciones son responsables no solo por lo que producen directamente, sino también por cómo lo hacen sus aliados. Esta ampliación del enfoque de responsabilidad hace que evaluar, controlar y mejorar el desempeño ambiental de los proveedores sea una exigencia estratégica más que una simple buena práctica.
La reputación de una empresa se construye con cada decisión y relación que establece.
Cuando un proveedor incurre en prácticas contaminantes, esa acción puede transferirse simbólicamente a la empresa principal, afectando su prestigio ante clientes, medios de comunicación, inversores y otras partes interesadas. La falta de supervisión o de respuesta frente a estas situaciones se interpreta como complicidad o indiferencia.
Por tanto, el riesgo ambiental de los proveedores no es un asunto ajeno, sino una amenaza directa a la estabilidad de la marca, a su valor en el mercado y a su capacidad de mantenerse relevante frente a públicos cada vez más informados y exigentes.
Durante años, los criterios para homologar proveedores se han basado principalmente en el precio y la calidad del producto o servicio ofrecido. Sin embargo, ese enfoque ya no es suficiente. Hoy, la sostenibilidad se ha incorporado como un tercer eje fundamental en los procesos de evaluación.
Esto significa que no basta con que un proveedor sea competitivo económicamente; también debe demostrar un compromiso ambiental y social sólido. La homologación sostenible implica revisar sus procesos, certificaciones, prácticas y políticas, y valorar si se adecúa a los principios éticos de la empresa contratante.
Con la aprobación de la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) por parte de la Unión Europea, las reglas del juego han cambiado. Las empresas ya no podrán limitarse a observar pasivamente a sus proveedores, sino que deberán implementar procesos formales de auditoría y gestión de riesgos ambientales en toda su cadena de valor.
Esta directiva introduce nuevas obligaciones que exigen identificar, prevenir y mitigar impactos negativos vinculados al medio ambiente y los derechos humanos, tanto directos como indirectos.
La CSDDD es una regulación europea que obliga a las grandes empresas a adoptar mecanismos de diligencia debida en materia de sostenibilidad. Afecta principalmente a organizaciones con más de 500 empleados y facturación superior a los 150 millones de euros, pero también incide indirectamente en miles de pequeñas y medianas empresas que forman parte de sus cadenas de suministro.
La norma exige que las compañías evalúen los riesgos socioambientales de sus operaciones y de las de sus socios comerciales, adopten medidas si es necesario y publiquen informes sobre sus avances.
La CSDDD redefine los procesos internos de compras, evaluación y seguimiento de proveedores. Las empresas se ven obligadas a seleccionar a sus aliados no solo por criterios operativos o financieros, sino también por su desempeño en sostenibilidad.
Esto requiere la implementación de procedimientos rigurosos para identificar riesgos ambientales en la cadena de suministro, así como la capacidad para hacer seguimiento continuo y, en caso necesario, exigir mejoras o incluso rescindir contratos.
La diligencia debida implica asumir responsabilidad activa sobre las consecuencias ambientales y sociales que puede generar una empresa, directa o indirectamente, a través de su cadena de valor. Las organizaciones deberán mapear sus relaciones comerciales, evaluar riesgos, establecer políticas específicas, monitorizar regularmente el desempeño de sus proveedores, y, en caso de detectar fallos, actuar para corregirlos.
Adaptarse a esta nueva realidad implica revisar a fondo los procesos internos y establecer criterios claros de sostenibilidad desde la etapa de compra hasta la de auditoría.
Para gestionar los riesgos ambientales de forma eficaz, es necesario contar con mecanismos de evaluación periódica. Esto incluye revisar indicadores como consumo energético, generación de residuos, emisiones de gases o cumplimiento de normativas locales e internacionales.
Las visitas técnicas, los cuestionarios de autoevaluación y los informes de sostenibilidad son herramientas útiles para conocer el verdadero impacto de cada proveedor. No se trata de buscar perfección, sino compromiso y mejora continua.
La integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en los procesos de compra y homologación es hoy un estándar para las organizaciones que quieren mantenerse competitivas.
Esto significa evaluar aspectos como las condiciones laborales, la trazabilidad de materias primas, el nivel de emisiones o la existencia de políticas de cumplimiento. Estos criterios deben estar presentes desde la licitación hasta la firma de contratos, generando una cultura de compras responsable.
La tecnología es una aliada esencial en este nuevo escenario. Las herramientas digitales como las plataformas CAE permiten automatizar procesos, centralizar datos, realizar auditorías remotas y generar informes de cumplimiento. Además, ayudan a visualizar riesgos emergentes y tomar decisiones con mayor rapidez.
En Nalanda trabajamos con soluciones digitales que permiten evaluar a proveedores en tiempo real, establecer alertas, clasificar el nivel de cumplimiento ESG y facilitar la comunicación en toda la cadena.
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– Manuscrito Universidad de Nalanda – S.XI
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