La “Ley crea y crece” impulsa el emprendimiento y la digitalización

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La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, también conocida como «Ley Crea y Crece», fue aprobada el pasado mes de septiembre para impulsar el emprendimiento y la digitalización, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a la financiación.

A quién va dirigida la “Ley crea y crece” y principales objetivos

Se trata de una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Uno de los grandes objetivos de esta ley es la mejora general del marco regulatorio económico con tres mecanismos claros: simplificar la normativa, eliminar regulaciones innecesarias u obsoletas y establecer procedimientos más ágiles.

Este texto normativo sitúa las pequeñas y medianas empresas en el centro de la actividad y busca fomentar el dinamismo de un tejido productivo formado mayoritariamente por pymes y autónomos, así como dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales.

Esta ley es muy importante para nosotros: de los casi tres millones de empresas que hay en España el 99% son pymes con menos de 50 empleados y muchas decenas de miles de estos pequeños negocios forman parte de la comunidad Nalanda. Todas ellas reciben nuestros servicios en la gestión de su documentación CAE, tramitación de facturas y otros beneficios operativos y comerciales.

Así pues, la Ley Crea y Crece será un buen instrumento para impulsar el emprendimiento y la digitalización.

Reducción del capital social y agilización de los trámites de constitución

Los 3.000 euros de capital social mínimo ya no son una exigencia. El mínimo legal para poder constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada pasa a ser 1 euro. Esta medida también va unida a una disminución en los costes de constitución de una empresa.

Asimismo, se introducen reformas para facilitar e impulsar la constitución de las sociedades de forma rápida, ágil y telemática, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y mediante la Utilización del Documento Único Electrónico (DUE). Además, se reducen los costes registrales y notariales.

Obligatoriedad de la factura electrónica para mayor trazabilidad de los pagos

Uno de los grandes problemas a los que debe enfrentarse el tejido empresarial es la morosidad comercial, con graves efectos sobre la liquidez y la rentabilidad. En particular para las pymes, la morosidad implica un coste financiero y de inversión que muchas veces no pueden permitirse.

Desde 2018 la facturación electrónica o efactura era obligatoria para poder facturar a  organismos públicos en importes superiores a 5.000€; con la entrada en vigor de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas será también obligatoria en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, sin excepciones. Las compañías que superen los 8 millones de facturación deberán adoptar este sistema antes de un año desde que la medida se publique en el BOE. Para el resto de empresas el plazo será de dos años.

Por este motivo se extiende la obligación de la factura electrónica con el objetivo de lograr una mayor trazabilidad y control de pagos. Las empresas que no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas por este sistema podrán ser sancionadas con multas de hasta 10.000€. Asimismo, utilizar programas informáticos sin la certificación vigente de la AEAT ocasionará multas de hasta 150.000 euros.

Cómo implementar un sistema de facturación electrónica y qué criterios debe seguir

Para gestionar de forma eficiente las facturas de proveedores es importante conocer nuestro volumen de facturación y las necesidades que nos plantea la cadena de suministro. Y la mejor manera de implementar este sistema es contar con una herramienta Software as a Service, integrable en ERP/Sistema contable, para agilizar la tramitación y homogeneizarla conforme a los requerimientos de la Agencia Tributaria.

Con el sistema de facturación electrónica de Nalanda todos los usuarios pueden trabajar con un sistema informático certificado y en tiempo real. Los contratistas reciben las facturas de sus proveedores vía FaceB2B y envían las suyas a través de FACE, Peppol y otros canales de las administraciones públicas, cumpliendo con la legislación vigente.

Este sistema será un instrumento útil para reducir costes de transacción y facilitar el acceso a la información sobre los plazos de pago. Debe contar con un software que permita el envío de diferentes tipos de facturas (ordinarias, rectificativas, proformas, etc.).

A través de la plataforma los usuarios pueden vincular el pago de proveedores al cumplimiento de la documentación CAE, homologación y compliance lo que proporciona ahorro de tiempos y costes y seguridad jurídica.  El sistema permite establecer reglas para que si una factura no cumple con los datos requeridos, no entre en el sistema ERP/Contable.

Otra medida para evitar comportamientos morosos es que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos por ley no recibirán subvenciones públicas ni podrán ser entidades colaboradoras de gestión.

Sistemas de financiación alternativos más flexibles

Por último, se aborda un aspecto fundamental como es el acceso a la financiación alternativa a la bancaria. Este aspecto mejora el uso de instrumentos como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo.

Esta nueva normativa introduce flexibilidad para las plataformas de micro financiación o crowdfunding, siguiendo el ejemplo de la normativa europea. Este tipo de organizaciones podrán prestar sus servicios libremente sin la necesidad de obtener una autorización distinta en cada uno de los estados miembros.

Otra de las vías de financiación que entra a regular la «Ley Crea y Crece» es el de las entidades de capital riesgo. Se incorpora un vehículo de financiación llamado “fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE)” que se crea para dar acceso a los inversores minoristas a la inversión en pequeñas y medianas empresas no cotizadas.  Esto permite invertir en un tipo de activo que solo estaba disponible para inversores institucionales.

Es decir, se amplían las figuras para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Teniendo en cuenta el complicado marco económico general, con una elevada inflación que repercutirá en el consumo, el apoyo a las pequeñas empresas y al emprendimiento es fundamental.

Así pues, la entrada en vigor de esta ley es una estupenda noticia para muchos de los clientes y subcontratistas de Nalanda, pues servirá para impulsar la creación de empresas y facilitar su crecimiento y expansión.

Y será también una medida regulatoria para garantizar un funcionamiento del mercado más justo y acorde a los nuevos tiempos que exigen la digitalización y modernización de los procedimientos, por lo que las empresas deberán adaptarse a esta nueva ley.

En definitiva, será un paso esencial para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización de la economía española. 

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